El pasado 13 de agosto, las diputadas Alcira Figueroa y Mabel Caparrós (Frente de Todos) presentaron un proyecto mediante el cual se propone excluir a las entidades agropecuarias y al sector académico del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y sumar a funcionarios públicos.
Luego de que se pronunciaran en contra de la iniciativa desde las entidades del campo, una de las diputadas que la promueve brindó sus explicaciones asegurando que hubo una mala interpretación y que no se busca excluirlas. En diálogo con el portal Bichos de Campo, la diputada Figueroa contó que desde hace más de 20 años tiene una trayectoria dentro del área de la Agricultura Familiar del INTA y que fue Coordinadora en su provincia (Salta) del equipo del ProHuerta, y agregó: “Una de las dificultades que veíamos es que si bien el INTA trabajó históricamente con ese sector, que es mayoritario en algunas provincias más que en otras, no está representado en el Consejo Directivo Nacional. Por lo tanto, si bien se ejecutan planes y proyectos, no hay una priorización presupuestaria dentro del Instituto”.
Explicando los fundamentos del proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados para su tratamiento, sostuvo que se busca impulsar una mayor participación de la agricultura familiar en el Consejo Directivo del INTA. “Así vamos a tener mayor capacidad de decidir sobre la actividad, en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, a las semillas, a la tecnología, así como lo tienen los grandes productores. Queremos que nuestro sector también tenga acceso. ¿Y cómo se obtiene? Teniendo capacidad de decidir sobre las políticas públicas”, señaló.
Si bien el proyecto propone realizar cambios en el Consejo excluyendo del mismo a las entidades del campo y al sector académico, la diputada explicó que “ese no es el espíritu”, y además dijo: “Creo que hubo una mala interpretación. Nosotros en ningún momento hemos planteado sacar a las cuatro entidades del campo. Todo lo contrario, lo que queremos es ampliar y sumar a la agricultura familiar. Por supuesto que las Universidades son claves. Las cuatro entidades del campo van a permanecer, son parte importantísima de la vida agropecuaria del país. No hemos hablado de excluir a ningún sector, al contrario”.
En uno de sus artículos, el proyecto propone una modificación en la conformación del Consejo para sumar a representantes del Senasa, Medio Ambiente, entre otros organismos, y aclara que solamente habrá lugar para quienes representan a las entidades agropecuarias y a las academias en un consejo asesor. “Esas se mantienen por supuesto. Nosotros hacemos alusión a lo que se agregaría. Ahí seguramente haremos la corrección cuando se debata en la Comisión y se pondrá con nombre y apellido a las entidades del campo”, mencionó la diputada. Y al ser consultada sobre si la propuesta es agrandar el Consejo y no modificarlo, la respuesta fue: “Exacto”.
En cuanto a las críticas que diversas entidades del campo realizaron a la propuesta, indicó: “Nosotros concebimos al INTA como el Instituto que vela por los intereses de todo el mundo del agro, y en el mundo del agro están los grandes, los medianos y los pequeños, ese fue siempre el espíritu del INTA. De ninguna manera vamos a excluir. Pedimos la incorporación de representantes de la Agricultura Familiar y de Ambiente, porque es una actualización de lo que nosotros estamos viviendo en cuanto al cuidado de los ecosistemas y el control de la contaminación”.
Los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) cuestionaron la iniciativa y las explicaciones de Figueroa y reclamaron que los proyectos que se traten en el Congreso de la Nación tengan mayor rigor técnico, “al punto de sostener las ideas con los textos”.
“No podemos dejar pasar las increíbles declaraciones de la propia autora, que ahora pretende hacernos creer, que su intención no fue quitar la representación de las cuatro entidades del campo del Consejo y relegarlas a un Consejo Asesor, creado por el propio proyecto, ni tampoco que impulsó el ingreso al Consejo del INTA, enumerándolos en forma taxativa de solo entes públicos estatales”, señalaron desde CRA.
Además, agregaron: “Repudiamos la liviandad con la que pretende justificar una idea lamentable y nos deja la amarga sensación que se puede decir o presentar cualquier cosa en el Congreso y después desdecirse sin pudor, como si quienes leemos los proyectos presentados, fuésemos incapaces de comprender su lectura. No interpretamos mal los lectores. La diputada no tuvo el coraje ni la valentía de sostenerla, se vio desbordada por el repudio unánime del campo argentino y el nulo acompañamiento de sus pares y prefirió endilgar a una mala interpretación la lógica reacción de los perjudicados”.
La Federación Agraria Argentina (FAA) emitió un comunicado al respecto, en el que manifestaron: “Al ocupar una banca en el Congreso, debe conocer la técnica legislativa, por lo que cuando dice que no quisieron sacar a las entidades, en un muy poco feliz esbozo de ´aclaración´, la remitimos a la letra de su proyecto. Proponen reemplazar el texto de la ley por otro nuevo, que omite a las entidades, por lo que le pedimos que se ponga al tanto de cómo formular bien un proyecto o que explique cuál es su verdadera intención. Porque ambas cosas son peligrosas: o no sabe cómo redactar una iniciativa, para lo que percibe una dieta, o sabe y pretende sacar a los productores y profesionales del Consejo”.
A través de un proyecto legislativo, el actual diputado provincial, y precandidato a la reelección por la lista Dar el Paso, Emiliano Balbín, manifestó su preocupación ante la presentación de este proyecto de Ley en la Cámara de Diputados de la Nación. “Si se prospera con este proyecto se estaría atacando nuevamente, sin justificativo alguno, al sector agropecuario de nuestro país”, señaló.
“El INTA es un organismo de vanguardia en el desarrollo agro-tecnológico mundial, que está junto al productor y sus necesidades asistiendo a los sectores sociales que merecen atención. De este modo, proyecta sus acciones para alcanzar competitividad, sostenibilidad social y económica con sentido nacional, priorizando la sustentabilidad ambiental de los territorios”, valoró el legislador.
“Ante la presentación del proyecto las entidades rurales han repudiado la modificación del Consejo Directivo que se pretende”, dijo, y finalizó: “esta polémica iniciativa va en detrimento del control social que ejercen las instituciones representadas en el INTA y daña el sentido federal y plural con el que está conformado el organismo”.
