María Eugenia Vargas y Alejandro Nadal arrendan un establecimiento agropecuario ubicado en el partido de Guaminí, y reclaman que la justicia lleve adelante el desalojo de personas que estarían usurpando el lugar y usufructuando la producción de un tambo, además de venderles de manera ilegal la hacienda y diversos elementos.
La sucesión de hechos que desembocaron en el escenario actual comenzaron allá por el mes de abril del año 2018, cuando, según relatan, el tambero que se encontraba a cargo de la producción llevó a dos mujeres, una de ellas embarazada y bajo la custodia legal de la otra. “En ese momento, llamamos al director del hospital de Guaminí, que amablemente se ocupó de la situación de la mujer embarazada”, recuerda Vargas.
Posteriormente, el tambero dejó de trabajar en el lugar y una de las mujeres pidió ser tomada a prueba por tres meses para reemplazarlo, a lo que accedieron porque, hasta el momento, había mostrado un buen desempeño. Una vez cumplido ese plazo, aseguran que intentaron regularizar la situación laboral de la mujer, pero que esta se negaba a realizar los trámites correspondientes en la ciudad de Trenque Lauquen, en donde decía tener el domicilio legal, porque perdería el plan social del que era beneficiaria.
“A partir de ese momento empezaron a llegar e instalarse en el campo familiares de estas mujeres, en total unas 12 personas, era toda gente que venía desterrada de otros lugares por cometer delitos, y decían que se iban a quedar hasta encontrar donde vivir”, relata Vargas, manifestando que “lo único que pudimos hacer en ese momento con la mujer fue asegurarla, porque la presionábamos con un contrato pero no podíamos avanzar con algo formal porque se negaba a realizar los trámites”.
Continuando con el relato de los hechos, afirman haber recibido el llamado de un auxiliar de la justicia de Guaminí, pidiéndoles que sacaran a esas personas del campo porque se habían visto involucradas en una serie de incidentes y delitos, enumerando entre ellos que tuvieron problemas con la Escuela Rural N° 26 y su maestra; que agredieron al chofer del remís escolar y a personal del hospital, a quienes además habrían amenazado de muerte; que ejercían la prostitución y extorsionaban con videos filmados para tal fin; que traficaban droga y practicaban pesca ilegal en Cochicó.
“Todo eso nos afectó mucho anímicamente, no solo que nunca pudimos firmar el contrato de Tambero Mediero sino que además empezamos a ver que faltaba hacienda del campo, se la robaba esta gente con ayuda de dos hombres de Guaminí, hay un video que respalda lo que decimos, nos vendieron 17 animales”, sostiene Nadal. También, acusan a estas mujeres de practicar magia negra y amenazar a las personas con brujería.
Ante esta situación, decidieron contactarse con el abogado Roberto Bigliani y realizar la denuncia correspondiente, en la que intervinieron la UFI 1 y 2 de Trenque Lauquen. “El campo está sobre Ruta 33, frente a Cochicó, y fuimos a llevarnos los animales con un escribano de Casbas porque nos amenazaron con sacarlos a la ruta y que haya un accidente, nos decían que los iban a envenenar, así que tuvimos que contratar un seguro”, cuentan, agregando que como represalia por haberlas denunciado envenenaron a 6 animales e inculparon a un vecino del campo con el que habían tenido problemas, aseverando que el hecho “lo tenemos probado con fotos y necropsia”.
También afirman haber sido víctimas de ataques en las redes sociales, mediante la utilización de cuentas falsas que se pudo determinar que fueron creadas por estas personas.
El 1 de noviembre del año 2019, ante la presencia de escribano y con apoyo de personal policial, camioneros y particulares, trasladaron gran parte de la hacienda a otro establecimiento agropecuario, quedando en un campo lindero, también alquilado por ellos, 2 toros y 21 vacas preñadas, que al día siguiente “las usurpadoras se las llevaron al tambo de nuevo, también cerdos, ovejas y terneros de las guacheras que no entraron en los camiones y pensábamos retirarlos al día siguiente”.
De acuerdo al relato de los hechos realizado por los denunciantes, las represalias continuaron su escalada y fueron víctimas de una puesta en escena, “nos denunciaron ante UATRE y organismos del Estado por trata de personas, pero pudimos demostrar nuestra inocencia con las publicaciones que ellas mismas hacían en sus cuentas de Facebook, subiendo fotos casi desnudas en distintos campos en los que habían estado y que según decían limpiaban con su magia”, afirman al respecto, agregando que además “este tipo de modalidad de usurpación ya la habían concretado en otro tambo en cercanías de América, y nuestra intención es evitar que después de a nosotros le pase a alguien más”.
En la causa por trata de personas en la que Vargas y Nadal resultaron sobreseídos, cuentan haber sido defendidos por la declaración de funcionarios públicos de Guaminí y Tres Lomas, donde también estas personas habrían cometido delitos; por quienes colaboraron en el retiro de la hacienda del establecimiento agropecuario y “vieron como apedreaban el móvil policial y tiraban tiros desde dentro del campo”; por personal policial de Salliqueló que advirtió sobre maniobras extorsivas por parte de quienes denunciaban ser víctimas de trata; por quien filmó y facilitó el video en el que se roba hacienda; por una mujer que atestiguó sobre el día en que llegaron al campo; y “por mucha gente más que fue víctima de la violencia de estas mujeres”.
En la actualidad, continúan abonando el alquiler del campo, pero “las usurpadoras siguen explotando el tambo y vendiendo nuestras pertenencias, hay un anuncio de desalojo en la justicia bonaerense en contra de ellas, emitido el 27 de septiembre, pero todo sigue igual”, dicen Vargas y Nadal.
“Nuestra familia y los dueños del campo estamos sufriendo esta injusticia, sin poder entrar al lugar desde hace un año, temiéndole a esta gente que es muy peligrosa y no tiene escrúpulos de ningún tipo, que pone a los niños de escudo en sus delitos”, manifiestan, mostrándose indignados por la situación y agradecidos para con el apoyo recibido por parte de familiares, amigos, productores y conocidos de toda la zona, advirtiendo: “no sabemos qué más hacer, creemos en la justicia y pensamos que es el camino correcto, pero ya hace un año y padecimos mucho con estos delincuentes, estamos pensando en convocar a los vecinos para que nos apoyen, movilizarnos de alguna manera para reclamar justicia”.
